Todos los piqueteros del Presidente
En uno de los primeros capítulos de este libro (La riesgosa ausencia del Estado. El Santotomesino, febrero de 2004) preguntaba quién se hará responsable cuando alguien, ofuscado con o sin razón, encienda la mecha sobre el barril de pólvora que el Gobierno, desde su anomia, y buena parte de la sociedad especulativa, desde su acomodo, han construido.
Esa construcción se corresponde, entre otras cosas, con los planes de ayuda, que en Argentina constituyen una auténtica “salida laboral” que, de paso, permite liberar exceso de hormonas y broncas durante las marchas de protesta o los cortes de rutas. Claro que los planes son, fundamentalmente, una forma de mantener al electorado cautivo (cfr. La trama en la oscuridad. Castellanos, 13/08/2004).
La construcción también se apuntala porque desde un comienzo el Gobierno de Kirchner procuró dividir a los piqueteros, consiguiendo que algunos se volvieran adictos (D’Elía prometió defenderlo en la calle y a los tiros, y se definió como «un soldado del Presidente»), y otros se mantuvieron en la oposición (Castells, que fuera comparado con Gandhi por sus seguidores, exagera asegurando que vivimos en una dictadura).
Reclamos políticos
En el nuevo discurso del Gobierno los reclamos ya no son por razones sociales, de hambre o trabajo, sino que encauzan en la “política”. La sentencia del ministro Aníbal Fernández, frente a la asonada de Plaza de Mayo con carpas de veinte agrupaciones piqueteras, fue clara: «No son campamentos piqueteros con problemas sociales: son partidos de izquierda. Hoy, en la Argentina, no hay piqueteros».
Estas agrupaciones reclaman desde hace dos años que el monto de los planes ascienda de los 150 pesos actuales a 350. Independientemente de la pretensión, el Gobierno comete un (nuevo) desliz: si Fernández puede caratular las carpas como de gente de izquierda con razones políticas, ¿qué pueden decir los piqueteros ante un Gobierno que los utiliza, que coquetea con ellos, que los alienta y que hasta en ocasiones les da vía libre para que delincan tomando por asalto empresas privadas, como ocurrió con Shell? ¿No se trata, también, de razones políticas? Así, lo que Aníbal Fernández dijo a modo de pulla y descalificación, se vuelve un boomerang y, en cierta medida, equipara al Gobierno que representa con el accionar piquetero.
No es, evidentemente, una elección feliz. Pero es difícil pensar en otra posibilidad, porque el mismo Gobierno ignora lo que determina la justicia, y esa ignorancia se convierte en un aval para la protesta. En febrero de 2005 el fiscal contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lapadú, instruyó a la policía para que impidiese a los piqueteros que cortaran calles sin aviso, que portaran palos y usaran capuchas durante las marchas. La policía cumplió parcialmente en ese momento, y luego dejó de hacerlo amparada en la conducta del Gobierno. Es lógico: si el Gobierno incentiva las protestas y el delito, ¿no debe la policía plegarse al sin sentido? Al fin de cuentas la policía, como el ejército, responde a los mandos naturales, que son siempre, en última instancia, de índole política. Es sabido que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, no con la perorata inconducente.
Recordemos que Kirchner y su séquito, argumentando que «no van a criminalizar la protesta social», permitieron el destrozo de la Legislatura (16/07/2004), y que los legisladores justicialistas no dieron quórum para retirarle los fueros a D’Elía y permitir que sea interpelado por la toma de la comisaría 24 de La Boca (26/06/2004).
Maldita policía
Como bien definió el diario El País, de España, el problema de los piqueteros surge porque desde la presidencia se avala la protesta y se utiliza la “mano de obra” que implican. La oscilación del Gobierno, típica del peronismo desde la época de su líder, permite la libre interpretación de las palabras y los hechos en un amplio arco que va desde la izquierda a la derecha. Por eso el peronismo no es un partido, sino un movimiento. En tanto tal puede unir el agua y el aceite sin que su discurso se resquebraje, porque su esencia es, justamente, la incoherencia sistemática del doble discurso. Así ocurrió Ezeiza, no por malignidad de algún Gobierno extranjero, sino por las palmadas en el hombro que Perón daba a sus seguidores de Montoneros y de la Triple A. «No nos vamos a pelear por eso, muchachos», exclamaba el líder con sonrisa campechana, y efectivamente no se peleaban ellos por eso, pero sí lo hacían sus seguidores entre sí.
Pero hay, además, otro dato de importancia. Cuando el Gobierno sostiene que no va a reprimir (una falsedad, como hice notar oportunamente, porque no se trata de “reprimir” sino de hacer cumplir la ley, que debe ser para todos igual), y que no se va «a caer en esta provocación», en realidad está disimulando el temor por la impredecible actitud que puede tomar la policía. A Duhalde la «mejor policía del mundo», en colaboración con la SIDE, le obsequió dos muertos en el puente Pueyrredón: Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Kirchner sabe, al menos desde su viaje a China, cuando lo reconoció explícitamente, que la policía no es de fiar y menos aún a escasos dos meses de las elecciones. Un muerto en estas circunstancias podría cambiar drásticamente el tablero que está armando. Lo de la provocación, por otra parte, es evidente. La lógica piquetera, como así también la de los gremios, es la de presionar para luego componer. Para estos señores el que pega primero pega dos veces y, además, es aplaudido por sus seguidores.
Aníbal Fernández insiste: «Nosotros hemos elegido como estrategia actuar por la vía pacífica, sin heridos y sin muertos» (sic. La Nación, 18/08/05, p. 06). Pero los piqueteros han disparado contra camioneros en el Chaco. Además de palos, algunos ahora portan tumberas. El Gobierno se encuentra en la disyuntiva de hacer cumplir la ley, lo que incentivaría más a los piqueteros, y dejar pasar las cosas como ha venido haciendo hasta ahora, morigerando el sentir popular con alguna que otra frase circunstancial: Kirchner repite las palmadas de Perón.
Los piqueteros conocen su propia fuerza, y se dan el lujo de tomar la principal plaza del país porque «es fácil». A nadie escapa el sentido simbólico de la Plaza de Mayo. Los que acamparon allí, además, demostraron inteligencia: no llegaron para quedarse indefinidamente, sino por unos pocos días. Y lo anunciaron desde un primer momento: «el viernes (por el 19/08) nos vamos». Y cumplieron, con lo que, indirectamente, le dan un cachetazo al Gobierno, que vive sin cumplir las promesas que efectúa al compás del tamboril.
Hay alarma en el Gobierno a partir de la ocupación de la Plaza de Mayo. Los piqueteros se movieron con ajustada logística, que incluyó «equipos electrónicos para impedir el acceso del espionaje oficial», como hizo notar Morales Solá (cfr. Un país rehén de piqueteros y crispaciones. La Nación, 21/08/05, p. 23). ¿Quién sustenta estos equipos? ¿Qué hay detrás de este campamento? Por un lado, tiene razón el Gobierno al decir que hay un reclamo político antes que social: Gustavo Lerer, el sindicalista que está al frente de la ignominia del hospital Garrahan y que también visitó la Plaza, se reconoció contrario a la democracia y las elecciones. Caso curioso, pues él puede parar más de cien intervenciones quirúrgicas a niños abusando, justamente, de la libertad que le otorga la democracia. Difícilmente podría hacer lo mismo en el “paraíso” de la Rusia prestalinista a la que admira.
Rehenes
Eugenio Zaffaroni hizo notar que «las protestas piqueteras son un problema político que debe ser resuelto por los gobiernos. La Corte no está para solucionar problemas sociales como la pobreza o el desempleo» (cfr. La Nación, 18/07/04, p. 11). El planteo es atendible, pero la corte se inmiscuye, como el Gobierno, en temas que no le competen. Ahora un juez ordenó que se indemnice a los padres de los chicos cartoneros con 205 pesos por cada uno por el presunto dinero que los progenitores perderían al enviarlos a la escuela (cfr. La Nación, Editorial, 22/08/05). No sólo se abre una riesgosa puerta para todos aquellos que se sientan “merecedores” de un estipendio del Gobierno, sino que aparece la figura de la escuela no como una obligación moral de los padres para con los hijos, sino como algo superfluo. El Gobierno no sólo debe garantizar la educación para todos los argentinos, sino que desde ahora, al menos en algunos casos, también debe pagarles a los padres para que manden a sus hijos a la escuela. El dislate es transparente, por no mencionar la doble imposición ante una misma circunstancia.
Estos hechos deberían hacernos reflexionar. No se puede delinquir para hacer las cosas bien. No se puede incumplir la ley porque las medidas a tomar son “impopulares”. Una de las lecciones de Maquiavelo es la de que el poder debe ejercerse con claridad y fuerza necesaria. Kirchner lo sigue al haberse desprendido de su mentor, Duhalde, pero yerra en otros puntos. En la Argentina actual el poder aparece repartido o desdibujado entre los dueños de la calle y las plazas y el ejecutivo. Ningún país puede funcionar con dudas o altibajos en esta disyuntiva.
Los piqueteros se esforzarán los próximos dos meses. Sabemos que si el Gobierno no toma las riendas instaurarán el caos. Los rehenes, una vez más, serán los contribuyentes. No hay derecho. El Gobierno sigue incumpliendo su deber primero. Pero si el mismo Gobierno es quien delinque reiteradamente, ¿qué queda para los ciudadanos? Los argentinos no son solamente rehenes de los piqueteros y de su humor para cortar calles o puentes, sino del mismo Gobierno, que no asume su papel y quiere quedar bien con dios y con el diablo.
© Carlos O. Antognazzi
Escritor. Santo Tomé, agosto de 2005.
Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 26/08/2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.
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